Los distintos grupos parlamentarios van desvelando, poco a poco, sus verdaderas posiciones ante un tema, aunque polémico, con respaldo social en una democracia tan pendiente de lo demoscópico como si le fuera la vida en ello. Efectivamente, las cortes españolas presentan un perfil ideológico propio, la división entre nacionalistas y no nacionalistas, que dificulta ver más allá de tales disputas cuando un tema de "alcance existencial" se presenta.
Así pues, el PNV más allá de su actual estrategia de pugna contra un debilitado gobierno, acaba de hacer público su apoyo condicional a la nueva "ley de plazos" que se propone. ¿Quien dice que no hay liberalismo en las cortes españolas? Convencidos los del PNV, solo resta ver como evoluciona la cuestión con CIU y el resto de grupetos no alineados en la izquierda política. ¿Será posible que se vuelva a quedar solo el PP contra una nueva ley que avanza en el reconocimiento de derechos sociales?
Una propuesta legislativa, remarquemos, que no promulga el aborto libre, sino la responsabilidad individual y el amparo hacia quien actua en tal consideración. De la misma forma que la ley del divorcio no generó más fracasos matrimoniales, sinó que liberó a mucha gente de una situación que hoy en día es inconcedible, ni el reconocimiento de los matrimonios gays alteró el orden social..., no es demostrable que vaya a aumentar la práctica de algo que antes, ahora y siempre se seguirá practicando, y no por sosas convicciones moralistas, sinó por cuestiones de situación personal. Aún en el caso de que el aumento del número de abortos prácticados fuese un problema en si mismo, que no lo es.
